El beneficio era cancelar los recibos de energía eléctrica que los salvadoreños no pudieron pagar en los meses de marzo, abril y mayo, debido a la cuarentena obligatoria. Estos tres pagos fueron diluidos en dos años sin generar mora, intereses u otra penalidad.

En el Decreto Legislativo No. 601, Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID -19, La Asamblea Legislativa decretó la Ley Transitoria para diferir el Pago de Facturas de Servicios de Agua, Energía Eléctrica y Telecomunicaciones a fin de mitigar el impacto económico que pudo provocar las medidas sanitarias adoptadas.

Los beneficiarios fueron personas naturales o jurídicas y municipalidades que experimentaron una disminución de sus ingresos directamente por los cierres parciales o totales decretados ante la pandemia. Para el caso de las personas naturales, se puso a disposición el beneficio para aquellos que tuvieron un consumo de energía eléctrica de hasta 200/Kwh al mes.

Los prestadores de dichos servicios por ninguna razón debían cortar el servicio, mientras duraba la emergencia y las empresas o instituciones prestadoras de estos servicios debían restablecer condiciones de plazo mayor u otra modalidad de pago que beneficiase a los clientes.