Con ello se continuará cuidando la economía de las familias salvadoreñas y se evitará que las empresas que se dedican a este rubro cometan abusos.

Con la extensión de la normativa — que fue avalada por primera vez en marzo de 2022 — se mantendrá la vigilancia del Estado. Además, se regularán y sancionarán los abusos en la distribución y comercialización de los productos del petróleo relacionados con la cantidad, calidad y precio de la gasolina y el gas licuado.

La aprobación hecha por los parlamentarios, en la sesión plenaria número 116, garantizará el cumplimiento de las medidas económicas que, el año anterior, anunció el Gobierno ante la inflación mundial, para reducir el impacto en los bolsillos de los salvadoreños.

La ley especial tipifica las conductas ilegales, determina las faltas a la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos del Petróleo y establece sanciones y el procedimiento para que estas sean aplicadas por el Ministerio de Economía.

Además, obliga a quienes se dediquen a la comercialización de los productos derivados del petróleo a permitir las inspecciones de los delegados de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas para que tomen muestras, realicen pruebas y ensayos, verifiquen pesos, medidas y revisen cualquier tipo de documentación.

Las empresas, además, deben respetar el precio máximo de venta del gas licuado en cilindros portátiles, de uso doméstico, establecidos por el Ministerio de Economía. Así mismo, la normativa obliga a los establecimientos a cumplir con la legislación y los reglamentos técnicos nacionales y regionales respetando las especificaciones de calidad, cantidad y seguridad.

El incumplimiento de estas obligaciones hace acreedora a la empresa de sanciones administrativas, que consisten en multas que van desde los 500 salarios mínimos hasta los US$10 mil.