El acuerdo fue suscrito en 2023, cuenta con un presupuesto de US$132 millones. Lo que busca es contribuir a que el Órgano Ejecutivo pueda seguir implementando el Plan Maestro de Rescate Agropecuario, el Plan de Despegue Económico, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Plan de Desarrollo Social, entre otros.

El Gobierno y el PMA trabajarán en conjunto para apoyar que los salvadoreños estén en mejores condiciones para satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales. 

Además, para contribuir a los sistemas alimentarios sostenibles con enfoque en el aumento de la producción, consumo local y mercados accesibles y resilientes. También, para el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de Gobierno para abordar las causas estructurales de la inseguridad alimentaria y nutricional en el país y apoyar a socios humanitarios con servicios que les permitan ser más eficientes y eficaces.  

El Salvador ha logrado avances en seguridad alimentaria, nutrición, igualdad de género, pobreza y seguridad en los últimos años, pero aún enfrenta desafíos para reducir la inseguridad alimentaria y mejorar la nutrición en las poblaciones más vulnerables. 

El país es altamente vulnerable al impacto del cambio climático, que aunado al impacto socioeconómico de la pandemia del COVID-19, han aumentado los retos que impactan la seguridad alimentaria.