Las plantaciones de sorgo con una baja del 14% y la caña de azúcar con un 36%, han sido las más impactadas.

Según el informe del BID, a nivel mundial, El Salvador se ubica en el puesto 28 entre los países más expuestos por el cambio climático, que afecta principalmente la infraestructura y la agricultura.

Lo que le ha costado al país US$2.200 millones en los últimos 30 años, lo que representa el 7.2% del producto interno bruto que tendrían a partir de 2030 los eventos climáticos si no se toman medidas ambiciosas e inmediatas

Los fenómenos climáticos extremos (principalmente hidrometeorológicos) afectan la infraestructura y la agricultura. Es urgente avanzar en políticas que aumenten la resiliencia del país, así como en el desarrollo de prácticas agrícolas que mitiguen la vulnerabilidad ante sequías e inundaciones, reza el estudio.

Ejes de intervención

El BID considera cruciales estos puntos para transformar al país en una economía moderna, inclusiva, sostenible y con más potencial turístico.

1.- Promoción del talento humano
Urge más y mejor oferta educativa y de capacitación laboral, con el fin de abrirle puertas a la población, especialmente a jóvenes y mujeres que siguen sin empleo o que se han visto obligados a migrar. Asimismo, es primordial brindar servicios de salud oportunos y fortalecer los mecanismos de protección social para las poblaciones vulnerables.

2.- Respaldo a empresas competitivas
El Salvador debe habilitar las condiciones necesarias para potenciar el ambiente de negocios y las inversiones. Esto exige cerrar brechas en infraestructura productiva y en conectividad digital. También es indispensable avanzar en términos de resiliencia, gestión de riesgos y conservación del medio ambiente, administrando con eficiencia los recursos naturales, especialmente el recurso hídrico, dado que es altamente vulnerable a desastres naturales.

3.- Consolidación de instituciones eficaces
Se requieren entidades capaces de gestionar unas finanzas públicas sólidas, sanas y transparentes, apoyándose en un profundo proceso de digitalización y en la generación de mayor espacio fiscal para continuar impulsando el crecimiento y el bienestar. Para esto es determinante el gobierno abierto y la participación ciudadana, de manera que las políticas públicas sean producto de un diálogo permanente.