Lunes, 09 Octubre 2023 20:29

Defensoría del Consumidor verifica precios de verduras y hortalizas, y coordina acciones para garantizar abastecimiento

Escrito por Leydin Sorto

Actualmente, por medio de los equipos de la Defensoría del Consumidor, verifica que los proveedores no estén aplicando alzas injustificadas en productos de la canasta básica, debido a los bloqueos en algunas carreteras en Guatemala, que ha limitado el flujo continuo de las importaciones.

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, encabezó, este lunes, una inspección en el Mercado Central de San Salvador, para corroborar los precios de las frutas, verduras y hortalizas, a fin de identificar incrementos ilegales a este tipo de productos y aplicar las medidas correspondientes ante los casos irregulares.

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“A pesar de esa situación (en Guatemala) debo informar que a partir de la información que hemos obtenido con la Dirección General de Aduanas, podemos afirmar que se mantiene un flujo importante de importación. Esto es clave de mencionar, no se ha restringido a la fecha las importaciones de frutas, verduras y hortalizas”, declaró.

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El funcionario aseguró que los equipos de la Defensoría del Consumidor han podido corroborar que en el centro de abasto inspeccionado existe importante cantidad de producto, por lo que no hay desabastecimiento y reconoció el esfuerzo que están realizando los agentes de la cadena de suministro para superar los bloqueos.

“Se ha detectado un efecto especulativo en precios, sobre todo de papa, cebolla y tomate; por lo cual hemos activado los procedimientos de investigación a más de 20 comerciantes que, escala nacional, hemos detectado incrementos bastante abruptos de precios, sobre todo importadores y grandes comercializadores y distribuidores”, informó. 

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Salazar indicó que han activado los mecanismos para disponer de otros mercados, a escala regional, donde puedan obtenerse los productos, como Honduras, para mantener el abastecimiento disponible. Asimismo, reafirmó el compromiso de continuar cuidando el bolsillo de los salvadoreños y aplicar el peso de la ley ante las prácticas abusivas que afecten a la población.