Además, la propuesta contempla que cuando las lotificadoras no acaten la ley se les imponga entre 3 y 4 años de prisión, más una multa económica. 

Los parlamentarios recibieron al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, quien aseguró que la institución ha recibido denuncias de estafas colectivas.

El fiscal general expresó: “es necesario que se aprueben las reformas que buscan castigar a aquellos malos empresarios que se dedican a la lotificación de inmuebles de forma ilícita y que han dejado a cientos de familias en situación de inseguridad jurídica con sus parcelas”.  

Los parlamentarios expusieron que el delito que se está contemplando en estos casos es el de estafa agravada y no importa si fue cometido 20 o 30 años atrás. 

De ser efectuados los cambios en la normativa se resolverá un problema que, por décadas, ha afectado a cientos de familias, principalmente de las que residen en las zonas rurales de El Salvador. 

Los diputados continuarán el estudio de la iniciativa y acordaron invitar, en la próxima sesión de trabajo, a la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, para que explique la situación de inseguridad jurídica a la que se enfrentan cientos de familias salvadoreñas.