Hasta la fecha, el Llamado a la Acción y la Alianza para Centroamérica (PCA, en inglés) que lanzó la vicepresidenta Harris en 2021 ha impulsado inversiones de más de US$4 mil 200 millones de dólares en compromisos del sector privado para crear oportunidades económicas en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Esas inversiones se canalizan a través un acuerdo público-privado entre el Departamento de Estado y la organización independiente Partnership for Central America, en estrecha coordinación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés).
Esta estrategia busca combatir la corrupción o a la violencia en los lugares de origen e incluye el apoyo de otros Gobiernos y de empresas estadounidenses.
El plan se concentra en Guatemala, El Salvador y Honduras, países que integran el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, de donde proviene el mayor flujo de migrantes que busca llegar a Estados Unidos.
Según explicó a medios este lunes un funcionario de alto rango de la Administración, el plan es un “esfuerzo a largo plazo” que busca “llegar a la raíz del problema” y que se suma a otros proyectos a corto plazo que abordan “los desafíos inmediatos en la frontera”, de los que ya están “comenzando a ver algunas tendencias positivas”.
En los últimos meses, el Gobierno de Joe Biden ha llevado a cabo iniciativas migratorias como el programa humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses aplicado desde comienzos de enero, que ha hecho descender un 90 % la llegada irregular de esos inmigrantes al país, según cifras oficiales.