El fin de ello y según las consideraciones de los legisladores es continuar generando mejores condiciones y reivindicando los derechos para el sector laboral del país, como uno de los principales motores del desarrollo económico.

En la convocatoria número 67 de la OIT, congregada en Ginebra, Suiza, el 3 junio 1981, se estableció este convenio, que define la negociación colectiva y propugna su promoción en todas las ramas de la actividad económica, incluso en la administración pública.

Tras eso, entró en vigencia hasta el 11 agosto 1983, por lo que la diputada Ana Figueroa indicó que el país lleva varios años de retraso referente a la reivindicación de los derechos de los trabajadores.

“Este convenio se suma a los esfuerzos coordinados que realizamos desde esta Asamblea. Con esta ratificación, estamos siguiendo el camino que tenemos con los socios amigos. Continuaremos buscando los mecanismos para beneficiar a la población”, comentó la legisladora Figueroa. “Esta ratificación promueve un modelo de desarrollo sostenible, apoyo técnico y financiero enfocado en el sector privado y público”, agregó.

Las normas de la OIT promueven la negociación colectiva y contribuyen a garantizar que las buenas relaciones laborales beneficien a todos, tanto a empleados como a empleadores.

“Los convenios de la OIT buscan la modernización de la clase trabajadora y empleadora. Al ratificarlos estamos enviando un mensaje clave para todos los trabajadores y patronos”, dijo el parlamentario Jorge Castro.

Muchos estudios han indicado que los países en los que la negociación colectiva está muy coordinada, tienden a tener menos desigualdades en los salarios, un desempleo más bajo y menos persistente, menos huelgas y más breves que los países en los que la negociación colectiva está menos instaurada.

Entre los objetivos del Convenio 154 se encuentra el fijar las condiciones de trabajo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, reglamentar las relaciones entre empleadores y las organizaciones de trabajadores.

“La idea es que sea flexible, que se respete las diferentes negociaciones colectivas y que haya un compromiso del Gobierno para hacer realidad el derecho a la negociación colectiva de una manera efectiva”, explicó la diputada, quien es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.