En América Latina, al igual que en el resto del mundo, las comunidades de ascendencia africana, los pueblos indígenas y otras minorías están sufriendo tasas de infección y mortalidad desproporcionadamente altas.

Son estos los grupos poblacionales los que están más expuestos a sufrir desalojos y quedarse sin vivienda como resultado de la crisis. Asimismo, la situación de hacinamiento ha provocado también que la violencia sexual y de género “doméstica” se haya salido de control.

Entre las principales áreas en las que ocurren estas tragedias es la vivienda precaria, según el Banco Mundial (BM) durante décadas, los Gobiernos se han comprometido con políticas de vivienda “inclusivas” bajo el precepto de que “todas las personas importan”. No obstante, el Covid-19 ha puesto en evidencia que las políticas de vivienda tienen una deuda pendiente con las comunidades más vulnerables.

Ante el gran sufrimiento, muchos gobiernos han adoptado una serie de medidas de protección para los arrendatarios y las personas que tienen hipotecas, que eran impensables antes de la pandemia.

La pandemia ha dejado al descubierto cuánto queda por hacer para cumplir la promesa de la “vivienda inclusiva” en América Latina. La dura realidad es que las políticas de vivienda excluyen con demasiada frecuencia a los más necesitados: los migrantes y desplazados, que suelen carecer de permisos de residencia; las familias pobres que viven en barrios marginales, y las familias que carecen de títulos de propiedad, señala, el Banco Mundial.

La mayoría de las personas que viven en situación de pobreza son arrendatarios y no son solventes y, sin embargo, la asistencia para la vivienda tiende a estar dirigida a los propietarios de viviendas o a aquellos que pueden acceder a un préstamo hipotecario, excluyendo así a todas las familias que dependen de ingresos bajos, irregulares e informales.