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La acusación se dirige contra individuos que, sin permiso alguno, usaban el logo del “Fondo Social para la Vivienda” para vender propiedades de manera fraudulenta, lo que constituye un delito de Violación de Distintivos Comerciales.
Michelle Sol detalló que estos actos se descubrieron tras identificar en redes sociales a varios grupos que se presentaban falsamente como “socios” de la institución gubernamental, a pesar de que la propia ministra ha aclarado que “como institución, no trabajamos con empresas inmobiliarias”.
Los informes en redes sociales indican que los implicados promocionaban lo que denominaban viviendas “recuperadas” de instituciones financieras, incluyendo el propio Fondo Social para la Vivienda. Los interesados eran inducidos a realizar reservas con pagos cercanos a los US$5,000 dólares, que supuestamente incluían una promesa de venta, configurando así un escenario propicio para una estafa.
