El Instituto estará conformado por un presidente, nombrado por el mandatario salvadoreño y tendrá un consejo integrado por los ministerios de Economía, Hacienda, Gobernación y el INCAF. Dicha representación tendrá el poder de determinar el desarrollo de programas de capacitación y formación para la mejora continua en el aprendizaje del sector empresarial y a población de las zonas vulnerables del país.

El funcionamiento y la operatividad de los fondos que recibirá la nueva institución estará distribuida así: el 20 % se destinará al INCAF para mejorar las capacidades de la población económicamente activa. El 40 % se asignará a la Comisión de Integración para las personas vulnerables y el otro 40 % será para la reducción de la brecha digital y mejorar de la currícula en el sistema educativo.

“Esta ley se define como alineación laboral entre empresa privada e instituciones de Gobierno, ya que brinda las herramientas necesarias para conectar a los salvadoreños con el empleo. Este es primer paso a muchas reformas que serán necesarias para seguir construyendo el país que todos nos merecemos”, declaro la diputada Marcela Pineda.