En América Latina y el Caribe se registran alrededor de 1,2 millones de personas sometidas a trabajo forzoso, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, se estima que el valor del trabajo infantil vinculado a bienes y servicios de exportación directo e indirecto para ALC todavía se encuentra en un 22%.

La contribución del trabajo infantil en las exportaciones se eleva para esta misma región a 40%. En América del Sur, se estima que las exportaciones representan un 15.4% del total del empleo.

Existen variedad de casos de efectos medioambientales y sociales de esas operaciones, vinculados no solo a los expuestos, sino también a impactos irreversibles como contaminación de aguas y suelos, deforestación masiva, desalojos forzosos, afectación a medios de vida, compensación justa y adecuada.

Estos efectos negativos se generan sobre las poblaciones y del ambiente.

En este sentido, la banca de desarrollo es necesaria para promover la inversión del sector público y privado, y más aún para enfrentar la crisis financiera generada por el COVID-19, ya que representa una oportunidad de crecimiento para países en desarrollo económico y social.

Los riesgos financieros del otorgamiento de crédito a través de operaciones de intermediación financiera se vuelven aún más complejos precisamente por la intervención de los intermediarios, sobre los que existe una brecha de información respecto a los subproyectos y prestatarios finales y de seguimiento y control en la ejecución en torno a estas inversiones.

La debida diligencia, las restricciones de proyectos a financiar para los subprestatarios y la supervisión de subproyectos es clave para eliminar riesgos y trabajar sobre los impactos que pudieran haber ocasionado.