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Al mismo tiempo, 161 millones de personas (1 de cada 4) no tienen acceso adecuado a agua potable, y 431 millones (7 de cada 10) a saneamiento gestionado de manera segura.
Para ambos casos, aunque con diferencias significativas entre países, las carencias se asocian con problemas de acceso, de asequibilidad, es decir, a una dificultad de pago o a la ausencia de infraestructura.
Primero, las personas sin acceso a estos servicios básicos pertenecen al segmento más bajo de la distribución de ingresos nacionales.
De esta manera, las poblaciones más vulnerables deben hacer un esfuerzo económico proporcionalmente mayor, de hasta 2,5 veces más que los más pudientes, para asumir su costo. Segundo, a esta desigualdad económica se le suman desigualdades geográficas y sociales, siendo las poblaciones rurales, indígenas y afrodescendientes las que presentan más carencias.
Por último, la calidad y estructura de la vivienda influye igualmente en el acceso a estos servicios básicos. En la región, el 15% de la población que reside en viviendas precarias no tiene acceso a electricidad.