Viernes, 22 Mayo 2020 12:31

Bancos estatales rechazan ley de créditos para el sector agropecuario por ser insostenible

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Los representantes de los bancos estatales salvadoreños anunciaron el rechazo a la normativa ratificada por el Pleno Legislativo, la cual según ellos, no fue consultada por las instituciones involucradas y carecen de criterios técnicos y pone en riesgo financiero al sector agropecuario.

Ante la suspensión del veto presidencial a la Ley de Créditos a Productores Agropecuarios, el Banco Hipotecario (BH) de El Salvador, el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), expresaron su rechazo a la ratificación del Decreto Legislativo Nº 642, realizado por la Asamblea Legislativa.

Según los funcionarios presidentes de las entidades financieras del Estado dicha normativa se diseñó sin consultar a las instituciones involucradas y sin fundamentos técnicos, por lo que los diputados proponen una fuente especifica de financiamiento para ejecutar dicha ley.

Además, las tasas de interés aprobadas obligan a la banca pública a brindar créditos a tasas que no son sostenibles, debido a que las entidades operarían por debajo del límite de rentabilidad.

Al no existir fuentes de financiamiento externas, el decreto pretende orillar a las instituciones financieras a utilizar el dinero de los depositantes, trasgrediendo así el derecho de propiedad de los usuarios.

“Lo que ocasionaría un desequilibrio financiero y, en el peor de los casos, la quiebra de la banca estatal. Por lo que las entidades bancarias exigen al Legislativo a actuar de manera responsable durante esta emergencia, a favor de las personas que sí lo necesitan y actuando con criterios técnicos y no políticos”, aseguraron los representantes de las entidades financieras antes mencionadas.

El Decreto Legislativo N° 642 contiene la Ley Transitoria de Medidas al Sector Agropecuario para Garantizar la Seguridad Alimentaria, ante la Emergencia Nacional y los Efectos de la misma por la pandemia COVID–19.

Según los parlamentarios estas medidas contribuirán a proteger el sector agropecuario y, por ende, a las familias que se dedican a esta actividad, que se han sido afectadas económicamente por no lograr vender sus cosechas, por el incremento de los precios en los insumos agrícolas y por el cierre de centros de comercialización de sus productos debido a la pandemia.

Las medidas planteadas en dicha normativa buscan la suspensión del pago de capital e intereses a los productores, ya sean estos personas naturales o jurídicas, así como cooperativas agropecuarias que tienen deudas vigentes con el sistema financiero del país, sea con bancos privados y banca estatal provenientes de créditos agropecuarios por el periodo de tres meses.

Asimismo, las cuotas no canceladas por la emergencia deberán ser saldadas en un plazo de hasta seis meses.

Además, en su artículo 5, la ley establece la obligación del BFA, del BH y BANDESAL deberán crear las líneas de crédito necesarias para productores de granos básicos y del sector agropecuario, las cuales tendrán una tasa de interés para el usuario final, no mayor del 5 % de interés anual.

Por su parte, BANDESAL destacó en un comunicado oficial que dicha disposición pone en una situación de incumplimiento al banco con relación a lo establecido en la Ley del Sistema Financiero para Fomento al Desarrollo (LSFFD), específicamente en lo regulado en su artículo 47, que dispone que las tasas de interés que establezca BANDESAL para sus créditos deberán ser superiores al costo de los recursos en que incurra el Banco.

Asimismo, el artículo 5 estable que los beneficiarios de dichos créditos cuando su destino sea la producción, no estarán obligados a adquirir un seguro agrícola que responda ante las eventuales pérdidas de las cosechas por eventos hidro meteorológicos, sequías o exceso de lluvia atribuibles al cambio climático.

Además, de eventos que se puedan dar durante el período de la misma emergencia por la pandemia del COVID-19, con lo cual, en caso se materialice alguno de los siniestros antes mencionados y no teniendo otras garantías que ejecutar para la recuperación de los montos prestados, se volverán irrecuperables haciendo imposible seguir cumpliendo con las finalidades del Banco, sin dejar de mencionar la grave afectación en la sostenibilidad financiera de las instituciones bancarias estatales si esto llegase a suceder.

Por su parte, el Banco de Fomento Agropecuario es una institución oficial de crédito, descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio y goza por ley de autonomía en la administración de sus bienes, operaciones y servicios.

Los fondos con los cuales se otorgan los créditos y se brinda el resto de sus servicios financieros son depósitos de clientes o préstamos a otras instituciones financieras y el decreto N° 642 transgrede el del derecho al patrimonio.

Modificado por última vez en Viernes, 29 Mayo 2020 10:50