Jueves, 25 Junio 2020 17:03

Estudio señala a partidos políticos, gobiernos municipales y a la Anda como instituciones corruptibles

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Ante la crisis sanitaria por la Covid-19 el país se ha enfrentado a una serie de prácticas o acciones y actos cotidianos de “Pequeña Corrupción”, según detalla el más reciente estudio realizado por las universidades “Dr. José Matías Delgado” y por la “Francisco Gavidia”.

El estudio sobre “Pequeña Corrupción” se realizó a un total de 1,225 personas vía telefónica a escala nacional, de las cuales 7 de cada 10 salvadoreños la vinculan con el mal uso de cargos públicos, los bienes o el mal manejo de fondos, según detalla la última encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la universidad Francisco Gavidia (UFG), en conjunto con la universidad “Dr. José Matías Delgado” (UJMD).

Por su parte, el director del CEC de la UFG, Óscar Picardo, detalló que dicho informe sostiene que las alcaldías y los servicios municipales reportan la mayoría de víctimas por malas prácticas o actos de corrupción. “Al menos el 29% se han visto afectados por estas instituciones de poder local”, añade el especialista.

A pesar de la percepción de que se pueden cometer irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la pandemia, el 62.34% de los entrevistados, consideran que el Gobierno ha sido transparente con la entrega de las canastas solidarias y otras ayudas para los afectados.

Aunque un 16.58% aseguran que no ha sido transparente y el 21.08% detalla que ha sido poco transparente, con la entrega de estas ayudas.

En medio de la emergencia sanitaria por la pandemia son los partidos políticos y la Asamblea Legislativa los que se colocan como entidades corruptibles en un 29.1%, le sigue la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) con un 15.5% y la Policía Nacional Civil (PNC) con el 11.3% del descontento por sus prácticas. Entidades que más mención tienen en el sondeo sobre “Pequeña corrupción”.

Asimismo, Picardo explicó que es la segunda vez que se lleva a cabo el análisis en el cual se han incorporado temas de transparencia con relación a temas de compras por la pandemia. “Al no existir la LACAP y al liberarse los formatos de compra y adquisiciones, en el tema de transparencia de algunas prácticas resulta relevante para considerar algunas mediciones”, señala el especialista.

En cuanto, al tema del bono de los US$300 otorgado por el Ejecutivo a las familias afectadas por la crisis económica producto de la cuarentena domiciliaria el 45.3% añade que no fue víctima de corrupción, mientras que el 3.3 % respondió que sí. Mientras, que con el manejo de la entrega de los insumos alimenticios (canasta solidaria), el 16% señala que el gobierno no fue transparente, pero un 62 % dijo que sí está manejando con transparencia las entregas.