El problema es que 50% de los ocupados trabajan informalmente, un 40% recibe un salario inferior al mínimo y 1 de cada 5 se encuentra en situación de pobreza.

Las políticas de inclusión laboral enfrentan y reducen la informalidad y la desigualdad y, por tanto, deberían estar en el centro de las estrategias de desarrollo social inclusivo y sostenible en la región.

En 2020, la creación de empleo cayó 8.2%, siendo la única caída registrada en los últimos 70 años y, entre 2014 y 2023, la tasa de crecimiento del número de ocupados será de solo 1.26%.

Además, en la región persisten diferentes barreras de entrada al mercado laboral: una de cada dos mujeres continúa fuera del mercado laboral, la participación laboral de los jóvenes es sustantivamente menor a la de los adultos y la de las mujeres indígenas es considerablemente menor que la de los hombres y la de las mujeres no indígenas, por nombrar algunos ejemplos.

Esto se suma al hecho de que los mercados laborales están viviendo un período de alta incertidumbre, según se destacó durante el evento, ya que los cambios tecnológicos están generando una dinámica de transformación, destrucción y creación de puestos de trabajo.

De acuerdo con los datos de la CEPAL, 28.4% de las ocupaciones tienen un alto riesgo de automatización en la región.

Se estima, asimismo, que un 31.3% de las y los trabajadores se encuentra subcalificado para la ocupación en que se desempeñan. Este descalce de competencias amenaza con profundizarse en el contexto del futuro del trabajo.

En este marco, los Ministerios del Trabajo son centrales para implementar y articular políticas de inclusión laboral, por lo que resulta prioritario fortalecer la institucionalidad pública laboral en los países de la región.