La sanción se calculó tomando en consideración la capacidad económica de los agentes sancionados y la suma de los presupuestos asignados por la alcaldía para la contratación de los servicios por ejecución del empedrado fraguado de tramos de calles, el concretado de tramo de calle, la construcción de una canaleta y una obra de mitigación.
 
Atendiendo a lo establecido en el artículo 25, letra a) de la Ley de Competencia, el Consejo Directivo de la SC (CDSC) comprobó la conducta colusoria en dos acuerdos de fijación de precios. El primero constituido por GRUPO J & M, S. A. de C. V.; WILCONS, S.A. de C.V.; y D&A Constructores, S. A. de C. V. y, el segundo, conformado por COINVELC, S. A. de C. V.; y WALTERVENEZ, S. A. de C. V., al ser constatado el acuerdo para la fijación del precio y el contenido de las ofertas de los procesos de libre gestión. En este sentido, como Superintendencia concluimos que el acuerdo de los agentes económicos se ha materializado en múltiples contrataciones públicas.

Al respecto, el Superintendente de Competencia, Gerardo Henríquez afirmó que, identificando prácticas anticompetitivas se protegen los beneficios que gozan los consumidores al tener la libertad de poder elegir entre varias opciones con diferencias de calidad y precios. Además, aseguró que “con nuestro trabajo en la protección de la competencia estamos llevando bienestar a toda la población. Nosotros hoy, como parte del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, hacemos todo lo necesario para que la ley sea respetada, y que la economía de El Salvador se beneficie. Es importante recordar que nadie está sobre la ley”, aseguró Henríquez.
 
En los procesos de compras públicas, la existencia de competencia efectiva asegura la recepción de multiplicidad de ofertas y la posibilidad de seleccionar la oferta económicamente más ventajosa, tomando en consideración la calidad, que asegure una eficiente utilización de los fondos públicos; razón por la cual la SC hace un llamado a que se respeten los principios que rigen estos tipos de contratación y que se denuncien aquellas conductas de quienes participan como oferentes que podrían estar dañando la competencia.