En ese sentido, Patricio Pineda dijo que son 108 mil personas afectadas es decir más de US$70 millones de los cuales los patronos han cobrado y no pagan ese descuento a sus empleados.
Agregó que si el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), quiere honrar a los trabajadores, su sugerencia es que se modifique el artículo 238 del Código Penal y establezca cárceles de 25 años en adelante porque ese delito que cometen las empresas es grave.
El ISP esta vez tiene un margen de maniobra perfecto para honrar a los trabajadores afectados por descuentos que no se les han pagado.
Añadió que hay alrededor de unos US$400 millones en compromisos que se deben asumir para el pago de pensiones vigentes del nuevo sistema.
Además, explicó se espera la derogación definitiva la Emisión de los Certificados de Inversión Previsional, es decir que el Gobierno Central no tome dinero de los trabajadores para cumplir con compromisos.
Debido a que, a julio de 2022, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) reporta una emisión de certificados de inversión previsional (FOP) de parte del Gobierno Central de US$7,900 millones de los US$13 mil millones recaudados.
Estos datos, asegura Pineda que están en el boletín de rentabilidad de Pensiones de la SSF, muestra que ese mes se realizó la emisión de estos fondos.