El crecimiento económico selectivo y la redistribución son imprescindibles para recuperar el terreno perdido y erradicar la pobreza extrema y reducir la pobreza, como lo establece la Agenda 2030.

En 2021 la pobreza extrema en América Latina y el Caribe afectó a 78 millones de personas (8 millones más que en 2019) y la pobreza a 209 millones de personas (22 millones más que el año anterior) (CEPAL, 2021).

El crecimiento promedio mínimo necesario para la erradicación de la pobreza (con la estructura económica actual) es del 4% hasta 2030 y debería ir acompañado de una política fuertemente redistributiva (CEPAL, 2020a).

Sin embargo, crecer al 4% anual trae aparejados dos efectos nocivos para el cumplimiento de la Agenda 2030: Dada la estructura productiva actual, el crecimiento económico en la región genera una mayor demanda de importaciones y un mayor endeudamiento de las economías.

Para mantener un crecimiento del 4% una vez que desaparezcan los efectos de los paquetes de medidas de estímulo, se requiere aumentar gradualmente los niveles de inversión como proporción del PIB del 17.6% actual al 28.0% en 2030, lo que implica un aumento de aproximadamente 1 punto porcentual del PIB al año.

Reducir la evasión y la elusión fiscales

En América Latina y el Caribe, la evasión y la elusión tributarias siguen siendo elevadas y constituyen un obstáculo a la movilización de recursos (CEPAL, 2019).

El proceso de globalización, la competencia tributaria nociva entre países, los privilegios tributarios, las prácticas ilegales y la innovación digital han facilitado la evasión y la elusión fiscales.

Se requiere de una transición fiscal amplia y concertada a nivel internacional que minimice esta fuga. La estimación de la CEPAL sobre el incumplimiento tributario del impuesto a la renta y el IVA es del 6.3% del PIB regional en 2017, equivalente a US$335 millones.

Adicionalmente, los flujos financieros ilícitos que salen de la región como consecuencia de la manipulación del comercio internacional de bienes alcanzaron los US$85 millones en 2016, equivalentes al 1.5% del PIB regional. Reducir esos valores permitiría financiar parte de la transición hacia una economía baja en carbono y la implementación de la Agenda 2030.

En los Informes COVID-19, se han propuesto aplicaciones potenciales de estos recursos, por montos cercanos al 3% del PIB, para hacer transferencias de emergencia y financiar una canasta digital básica.

Si se combatieran progresivamente la evasión y la elusión fiscales de manera de reducirlas un 10% al año hasta llegar a un 50% del total de las cantidades evadidas anualmente, se podrían movilizar recursos por US$1.6 billones de dólares constantes de 2019, equivalentes al 36% de los recursos necesarios para una recuperación sostenible a lo largo del período 2021-2030, sin perjuicio de sus aplicaciones para los fines sociales indicados.