Miércoles, 29 Julio 2020 17:03

Legislativo continua con consultas por impacto económico del pago diferido de servicios básicos

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Los diputados de la Comisión de Economía acordaron continuar consultas, en una próxima reunión, con representantes de ANDA y CEL para conocer el impacto que ha tenido el pago diferido de facturas de servicio de energía eléctrica y telecomunicaciones.

Desde el pasado 14 de julio, la Comisión de Economía inició con el análisis de iniciativas para reformar la Ley Transitoria para diferir el pago de facturas de servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones, por tres meses más.

Para el inició una fase consultiva, por lo que acordaron convocar a delegados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), para conocer el impacto en el pago diferido de facturas de servicios básicos.

En esta oportunidad, los parlamentarios sostuvieron una reunión de trabajo con el director de Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda, Rafael Miranda, quien manifestó: “La situación para el Ministerio de Hacienda ha sido muy compleja en este año 2020 y se tiene una proyección que se va a generar alrededor de US$900 millones menos de recaudación en todo el sector público no financiero”.

Ante lo expuesto, la diputada presidenta de la mesa legislativa, Margarita Escobar (ARENA), externó: “Efectivamente, las empresas nos indican que ellos no han pagado sus tributos y usted lo confirma al decir que desde el punto de las finanzas públicas no se ha tenido una afectación, excepto en el caso de ANDA y eso nos queda pendiente para hablar con ellos. En ese sentido, es necesario tomar medidas con cuidado para evitar el no pago".

Por su parte, el diputado Rodolfo Martínez (FMLN) planteó que "la extensión por tres meses más debe buscar un equilibrio con responsabilidad social del Estado y las empresas, que al menos el 50% de los costos adicionales asuman los privados, con ello estamos beneficiando a más personas que a estas alturas no se ha incorporado a la actividad económica".

Asimismo, los miembros de la comisión iniciaron la revisión del articulado del anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales, en los que se ha alcanzado consenso en el seno del equipo técnico, entre estos el objeto de la ley, el cual es la protección de los datos personales de las personas naturales, que se encuentren en posesión de naturales o personas jurídicas de carácter privado o público.

Además, incluye un ámbito de aplicación para toda persona natural o jurídica que realice actividades relacionadas al tratamiento de datos personales, total o parcialmente automatizado o no automatizado; definiciones, principios y derechos de los titulares de los datos.

Entre los principios contempla legalidad, consentimiento, calidad, seguridad de datos, privacidad. Entre los derechos se plasma el derecho de información frente a la recolección de datos, la cual deberá ser almacenada en forma tal que se garantice plenamente  el derecho de acceso por el titular de la misma.