Lunes, 30 Agosto 2021 23:28

Fusades sugiere mejorar macroeconomía antes de entregar Presupuesto 2022

Escrito por Evelyn Alas

El Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), realizó un estudio en el que indica condiciones macroeconómicas en la que se observa una crisis fiscal un principal problema que enfrenta El Salvador.

Según la investigación de FUSADES, durante los primeros seis meses del año, se han observado mejoras en varios indicadores económicos, tal como exportaciones, remesas, volumen de la actividad económica.

El crecimiento extraordinario de algunos indicadores se debe a un efecto estadístico de rebote, posterior a la dura cuarentena obligatoria que el país, y a la política macroeconómica expansionista del gobierno de Estados Unidos. Ambos efectos son temporales, y a partir del segundo semestre de 2021 se observará un regreso de los indicadores a sus tendencias de largo plazo, que no serán alentadoras.

FUSADES indica que la pandemia del COVID-19 ha sido un golpe a la economía familiar y empresarial en todo el mundo, además de los efectos sociales negativos en la salud mental de las personas, la educación, la pobreza y la desigualdad.

También la institución señaló que la crisis social, se manifiesta en las elevadas cifras de migración de salvadoreños a Estados Unidos, al punto que más de 1 de cada 100 salvadoreños han buscado entrar ilegalmente a (E.E U. U) durante los últimos 10 meses.

Escenarios de corto plazo

El Salvador enfrenta vulnerabilidades a corto y largo plazo por las altas necesidades de financiamiento.

En el corto plazo de julio a diciembre de 2021, se estima que la brecha de financiamiento de US$1,846.9 millones, destacando que en tres meses de agosto a octubre necesitará financiamiento de US$400 millones cada mes.

Según FUSADES esto es para poder cumplir con todas las obligaciones, principalmente para cubrir deudas internas de corto plazo por US$865 millones (en posesión principalmente de bancos en el sistema financiero).

Asimismo, la institución afirma que el aumento del déficit fiscal que implica la implementación de la Ley Bitcoin (US$225.3 millones), el apoyo a pequeñas empresas para sostener el aumento de 20% del salario mínimo, aumentos en el subsidio del gas licuado y reparto de canastas alimenticias.

FUSADES asegura que, para cubrir las necesidades de financiamiento del segundo semestre de este año, se plantean tres escenarios, el primero será cambiar el rumbo de la política fiscal hacia una ruta de sostenibilidad. Lo cual se puede lograr llegando a un acuerdo de servicio ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), adquiriendo el compromiso de encausar la deuda pública hacia una meta razonable de 60% del Producto Interno Bruto (PIB), a mediano plazo.

Este escenario facilitaría suficiente financiamiento a tasas de interés favorables para el país, tanto del FMI, como de las otras multilaterales Banco Mundial (BM), y Banco Interamericano de Desarrollo (BID); pero más importante aún, daría credibilidad y confianza a corto y mediano plazo, posibilitando un mejor clima para la inversión y para el desarrollo del país.

Si lo anterior no se logra a corto plazo, en un segundo escenario el gobierno estará reduciendo su brecha de financiamiento por medio de préstamos ya aprobados por la Asamblea Legislativa, y en proceso de incorporarse al presupuesto; dos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), uno por US$600 millones y otro por US$50 millones; además de un tercero del Banco Mundial por US$50 millones.

Un tercer escenario, en el corto plazo, es que el gobierno no obtenga los recursos para pagar sus compromisos en lo que resta del año, se caiga en un impago de deuda, y se active una reacción en cadena que contagie al sector financiero, y que hunda al país en una profunda crisis económica y social. La probabilidad de este escenario es menor que la del escenario anterior, al menos por el momento.

El 30 de septiembre se deberá presentar el presupuesto general de la nación; es imperativo que se realice a la brevedad posible el acuerdo de servicio ampliado con el FMI y que se enrumben las finanzas públicas hacia una ruta de sostenibilidad.