Los dos actos de justicia financiera fueron aprobados por el pleno legislativo el 20 y 25 de julio de 2022, respectivamente, con el objetivo de proteger los derechos patrimoniales de los usuarios del sistema financiero.

El cambio aprobado para la Ley de Tarjetas de Crédito incluye la eliminación de todo tipo de membresía en este tipo de tarjetas con límite de disponibilidad de 2,000 y la prohibición de la emisión de tarjetas de crédito sin que hayan sido solicitadas por los usuarios.

La diputada de Nuevas Ideas, Dania González, recordó que en años anteriores las instituciones no hicieron nada para solucionar esta problemática que afecta a los salvadoreños.

“Las legislaturas pasadas hacían leyes para no sancionar a las empresas privadas y bancos. Existía un repertorio de normativas, pero no un verdadero castigo”, afirmó González.

El presidente de la Defensoría del Consumidor explicó que gracias a las reformas ha reducido el número de atenciones que se brindaban en temas relacionados a tarjetas de créditos. De 5,756 se redujo a 2,701 personas atendidas.

Además, por medio de las atenciones se recuperó un monto de $471,628.32, por cobros, cargos y comisiones indebidas, cláusulas abusivas y robos.

 “Ojalá se pueda ir atendiendo a través de las reformas legales las problemáticas que se están generando en el sistema financiero. El tema de la membresía era un elemento central y la reforma ha contribuido a un mejor desarrollo.

Las modificaciones a la ley también han permitido la asesoría a más de 1,217 consumidores relacionadas con membresías y se han recibido 488 denuncias, de las cuales 471 ya han sido resueltas.

Resultados de las reformas a la Ley Contra la Usura

Durante su intervención, el presidente de la Defensoría del Consumidor también se refirió a los resultados de las reformas a Ley Contra la Usura, que se hicieron con el objetivo de evitar los cobros excesivos de intereses por préstamos, estableciendo multas que van desde los 300 hasta los mil salarios mínimos; mientras que el sector no supervisado será sancionado desde los 100 hasta los 500 salarios mínimos.

Salazar resaltó que partir de la reforma se ha logrado identificar 116 proveedores que no remitieron las operaciones de crédito o no informaron que tuvieron nuevos otorgamientos al registro de acreedores del Banco Central de Reserva.  

Otro de los resultados señalados es que las tasas de interés de créditos para vivienda han tenido una considerable reducción, en especial para aquellos contratados por el Fondo Nacional de Vivienda Popular y el Fondo Social para la para Vivienda. Las tasas han pasado de 28.11% a 18.91%, con una reducción del 9%.

La defensoría ha recibido un total de 605 denuncias relacionados a cobros excesivos recuperando un total de $283,470.00.

“Los proveedores no establecían la segmentación de sus créditos, ellos estaban en la libertad de poder aplicar el segmento de la tasa de interés más elevada. Hoy hemos erradicado esta práctica porque con las disposiciones que ustedes aprobaron existe una obligación de parte de los proveedores en aquellos créditos donde no se defina el destino deben establecer la tasa de interés más baja”, expresó Salazar.

Los parlamentarios reiteraron a la población que gracias a las reformas las instituciones también se han activado para dar pronta respuesta a los problemas financieros que puedan sufrir.

 “Antes de estas reformas, las Instituciones financieras jugaban un papel pasivo en las leyes, pero ahora, con el rol de la Defensoría del Consumir y la Superintendencia del Sistema Financiero, estas empresas están cumpliendo las normativas”, dijo la diputada González.