El decreto avalado por los parlamentarios tiene por objeto otorgar una compensación económica especial para empleados de la PDDH que renuncien voluntariamente y que hayan prestado sus servicios en cualquiera de las sedes o dependencias a nivel nacional, durante un periodo mínimo de dos años consecutivos.

La Ley establece que los funcionarios y empleados que se acojan al decreto tendrán derecho a una compensación económica equivalente a cuatro salarios mínimos del sector comercio y servicios por cada año de servicio prestado, hasta un máximo de $25 mil.

Según lo expuesto en la sesión plenaria número 115, actualmente en dicha institución hay 133 adultos mayores y otras personas que desean retirarse. Con ello se le daría paso es a un cambio generacional de defensores y defensoras.

Los interesados en aplicar deberán presentar su petición de renuncia con clara voluntad de acogerse a la compensación hasta el último día hábil de noviembre de 2023.

“Entre los requisitos que los interesados deberán presentar está un escrito y este debe de contener su renuncia al cargo que desempeña, expresar que desea acogerse a la compensación económica y manifestar estar de acuerdo con estas disposiciones transitorias”, explicó el legislador Caleb Navarro.

Podrán beneficiarse del presente decreto cualquier funcionario o empleado, sea jurídico, técnico o administrativo, que a la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones hayan obtenido su pensión por vejez y aún se encuentren laborando en la PDDH.