Más de 62 millones de personas en los países mencionados, han experimentado inseguridad alimentaria tras la pandemia. El aumento reciente de los precios de los alimentos ha intensificado el problema convirtiendo a esta subregión en la que tiene el mayor porcentaje de población con inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.

El estudio del BID propone recomendaciones para fortalecer la seguridad alimentaria en el corto y mediano plazo con políticas dirigidas a las familias y a los sectores afectados, como transferencias focalizadas, programas de provisión de alimentos, apoyo al sector agrícola y medidas comerciales. 

Además, el informe discute medidas estructurales para reforzar los sistemas alimentarios y prevenir crisis futuras, como inversión en bienes públicos, acceso a financiamiento agrícola, investigación, desarrollo e innovación en el sector, y apertura al comercio internacional, entre otras, que deben ser diseñadas con un enfoque de género, dada la mayor vulnerabilidad de las mujeres a los efectos de los choques económicos.  

Si bien la inseguridad alimentaria moderada o grave en esta región ya se encontraba por encima del promedio de América Latina y el Caribe, esta se ha exacerbado por la escalada inflacionaria global originada por la pandemia y por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ha provocado aumentos en los precios de productos básicos.

La inflación se ha convertido en la principal preocupación de los hogares y se estima que el porcentaje de hogares con ingresos menores al costo de la canasta básica alimentaria ha aumentado este año más de 5 puntos porcentuales con respecto a 2019. Aquellos liderados por mujeres o por trabajadores informales y los hogares rurales son los que se han visto especialmente afectados.