Entre las organizaciones se encuentran Latinas en Poder, la Fundación PICIS y Fundación Avina entre otras.

El manifiesto consta de ocho puntos en los que se exige a los gobiernos implementen políticas públicas de igualdad de género, inclusión racial, étnica, diversidad sexual, en el contexto económico y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, niñas y niños. Avalan la paridad en los procesos de toma de decisiones políticas.

“Las mujeres demandamos oportunidades para participar en espacios de toma de decisiones de forma paritaria. Las organizaciones reciben muy poco financiamiento, lo que impacta a las comunidades de base”, comentó Nitza Seguí Albino presidenta de Latinas en Poder.

De acuerdo con Seguí Albino, “aumentar los aportes a estas organizaciones mejora las capacidades, competencias y habilidades de las mujeres. Además, genera oportunidades para educación superior, obtención de mejores empleos, participación de lleno en espacio económicos para ellas y sus familias”.

En el documento se exige que las mujeres, incluidas adolescentes y niños, tengan acceso a servicios básicos de atención de salud, incluida la sexual y reproductiva, protección y acceso a tierras y ríos. Hacen un llamado para atender: las desigualdades y violencias que viven las mujeres -que muchas veces concluyen en feminicidios-, el futuro en el ámbito político, protección de los derechos de las mujeres, niñas y personas no binarias, cerrar la brecha tecnológica para el bien común, cambio climático, pobreza, derecho a la tierra, respeto a su identidad ancestral e idiomas.

“Se debe recordar que las mujeres y niñas en el proceso migratorio deben ser atendidas y tratadas como personas con derechos y consideradas en situación de riesgo, sea por migrantes, indígenas, personas no binarias, o en cualquier otra condición de riesgo tal como abordado en las Convenciones Internacionales¨, agregó Seguí Albino.

Este manifiesto surge de la Primera Cumbre Transnacional de Mujeres por la Igualdad, Inclusión y Justicia Social celebrada la semana pasada, y que realizó de forma simultáneamente en Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, y Puerto Rico. En este evento se formularon estrategias de incidencia con actores claves del sector público, sociedad civil y organizaciones de mujeres que promuevan políticas democráticas incluyentes para que las mujeres, niñas y adolescentes puedan optar quedarse en sus comunidades ancestrales, vivir en armonía, paz y seguridad.